Mandan demoler una casa prefabricada sin licencia de obras

Mandan demoler una casa prefabricada sin licencia de obras. Un juzgado de Sevilla condena a seis meses de cárcel a los propietarios de una vivienda prefabricada y mandan demoler la casa y pagar una multa de 1080 € por entender que la construcción supone un delito contra la ordenación del territorio.

Esta noticia, lamentablemente, refleja una realidad demasiado frecuente en España, donde la construcción de viviendas prefabricadas está en manos de empresas con muy  pocos escrúpulos. Aquí hemos denunciado en más de una ocasión los problemas de este tipo de construcciones que no respetan las más mínimas normas relativas a la construcción y al urbanismo.

Las viviendas prefabricadas requieren las mismas licencias que el resto de edificaciones

Defendemos la construcción a partir de elementos prefabricados, ya que entendemos que es una  forma muy eficiente de plantear nuevos sistemas constructivos, sin embargo, en demasiadas ocasiones, nos encontramos con que en la realidad resulta todo lo contrario.

Por qué han mandado demoler una casa prefabricada si licencia de obras.

Uno de los argumentos que más veces hemos escuchado y leído en muchos foros sobre el tema es que la vivienda prefabricada no es un bien inmueble, ya que se puede desplazar y por lo tanto pertenece al grupo de los bienes muebles, asemejándolo a lo que sería una autocaravana, y por lo tanto, no se rigen por las mismas normas urbanísticas que el resto de construcciones. Pero esto es totalmente falso, y sinceramente, no hemos encontrado ningún caso que lo corrobore, más bien todo lo contrario.

Cualquier vivienda prefabricada necesita una cimentación sólida y anclada al terreno, una conexión con la red de abastecimiento público y una red de saneamiento, por lo tanto, se trata de instalaciones permanentes y que tienen que cumplir las mismas condiciones que cualquier otro tipo de construcción, y en consecuencia, están obligadas a obtener un permiso o licencia de obras por parte de la administración competente, las obras tienen que estar dirigidas por técnicos habilitados y cumplir todas las exigencias de la normativa actual, de lo contrario, no podrá ser concedida la pertinente licencia y en el caso de realizar la construcción de manera ilegal, estarán cometiendo una infracción grave, que  en algunos casos como en la noticia hoy reflejamos, puede conllevar sanciones económicas e incluso penales.

La razón por la que estos casos son más frecuentes de lo que debiera es que en países como España, la construcción del 90% de este tipo de viviendas prefabricadas está en manos de empresarios con muy pocos escrúpulos y escasa formación. Se combinan dos factores determinantes:

-Por un lado, ofertas muy económicas, que esconden en la mayoría de las veces, una calidad muy baja en la construcción, pero que sin duda, son un reclamo muy importante para el futuro comprador.

-Clientes que necesitan viviendas en un plazo muy corto y a ser posible muy baratas.

De la combinación de estos dos factores, surge el negocio de muchas empresas que nada tienen que ver con la tradición constructiva de viviendas prefabricadas de otros países como Estados Unidos o Alemania donde existe una amplia normativa y  una contrastada calidad en la construcción de este tipo de vivienda.

En España, los técnicos habilitados, cuando les encargan este tipo de proyecto, suelen limitarse a cumplir los mínimos trámites administrativos necesarios para cualquier construcción, quedando al margen por completo a la hora de dirigir o tomar decisiones acerca de la calidad y la construcción de este tipo de viviendas, lo que perjudica claramente al comprador, que en muchas ocasiones confía ciegamente en la empresa de viviendas prefabricadas que ha contratado y que, lamentablemente,  no sufre las consecuencias de su error hasta mucho más adelante, cuando la construcción ya está ejecutada y ha pagado la totalidad de la obra.

Cuando surgen los problemas, por ejemplo una ilegalidad a la hora de la ejecución de la obra por no tener licencia, las responsabilidades recaen exclusivamente sobre el propietario o promotor, ya que no ha contado con un técnico habilitado ni el constructor va a asumir ninguna responsabilidad, ya que se ha limitado a vender un producto y es muy difícil demostrar que ha habido un engaño por su parte. Al final, las penas, tanto económicas como penales, las asume únicamente el promotor.

El mejor consejo que te podemos dar, si estas pensando en adquirir una vivienda prefabricada y has encontrado este artículo en la red, es que te pongas en contacto con un técnico independiente  y que te asesore sobre tu proyecto antes de firmar ningún contrato para la compra de una vivienda prefabricada.